Desahucio de Maricarmen: 87 años, 70 en la misma casa y una sentencia del Supremo

Maricarmen tiene 87 años y llevaba 70 viviendo en el mismo piso. Este miércoles la sacaron de él en camilla.

El desahucio se ejecutó poco antes de las 13:00 en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, tras un amplio dispositivo policial y horas de resistencia vecinal. Los servicios sanitarios la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón.

Salió de su casa sin alternativa habitacional.

Cómo se llegó hasta aquí

La familia llegó a esa vivienda en 1956. Su padre firmó entonces un contrato de renta antigua, la figura que durante décadas dio estabilidad residencial a miles de familias españolas. Lo firmó él porque la legislación franquista no permitía a las mujeres firmar contratos.

Al morir el titular, el contrato se subrogó en su madre. Y después, en ella.

En 2018 el edificio pasó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL. Maricarmen pagaba 500 euros de alquiler. La empresa reclamaba 2.650, una subida del 275 %. Su pensión es de 1.450 euros al mes.

Lo que dijeron los tribunales

El conflicto jurídico giró en torno a la validez de la segunda subrogación del contrato. La empresa sostenía que debía haberse extinguido en 2007, porque la legislación vigente no permite subrogar dos veces un contrato de renta antigua.

Un juzgado de primera instancia dio inicialmente la razón a la inquilina. La Audiencia Provincial y después el Tribunal Supremo fallaron a favor de la propiedad.

Conviene decirlo con claridad: el desahucio se ejecutó conforme a una resolución judicial firme. El debate público no es sobre si era legal, sino sobre si una ley que permite esto debería cambiarse.

La oferta que no se aceptó

El martes, una escritora se ofreció de forma anónima a cubrir la diferencia del alquiler, de modo que Maricarmen siguiera aportando sus 500 euros y la propiedad cobrase la renta completa.

La empresa no aceptó la propuesta.

Las organizaciones sociales que apoyaban a la inquilina subrayaron un matiz importante: que el problema de fondo no se arregla con gestos individuales, sino con regulación.

Quién es la empresa

Urbagestión rechaza que se la describa como un fondo buitre y se presenta como una plataforma de inversiones especializada en promoción, desarrollo y gestión de productos inmobiliarios.

Según sus últimas cuentas presentadas, en 2025 no llegaba a siete empleados, facturó 586.450 euros en el último ejercicio y declaró un beneficio inferior a 3.000 euros, con activos por encima de los 600.000.

Compró el inmueble a Renta Corporación, que lo había adquirido hace casi ocho años por algo más de 240.000 euros. Desde entonces, el piso ha multiplicado su valor por cuatro.

La otra lectura

No todo el mundo cuenta esta historia igual, y conviene recogerlo.

Desde posiciones liberales se ha señalado que Maricarmen pagó durante más de dos décadas una renta muy por debajo del mercado mientras percibía ingresos estables, y que la propiedad se limitó a ejercer un derecho reconocido por el Supremo.

Quienes defienden a la inquilina responden que ese es precisamente el problema: que la ley proteja el rendimiento de un activo por encima del derecho de una mujer de 87 años a seguir en la casa donde ha vivido siete décadas.

La reacción política y en la calle

Miles de personas se manifestaron durante la jornada en Madrid y en otras ciudades españolas. También se convocaron concentraciones en Tenerife.

El Sindicato de Inquilinas cifró en más de 200 las personas concentradas desde la noche anterior y denunció el uso de gas pimienta durante el desalojo.

Pedro Sánchez calificó el caso de tragedia social desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, y responsabilizó al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital.

Por qué esto nos importa a los hispanos en Europa

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua. Tú, casi con seguridad, no. Pero el mecanismo que la dejó en la calle es exactamente el mismo que presiona a cualquiera que alquile en Madrid hoy.

Trece grandes inmobiliarias y fondos de inversión gestionan más de 100.000 viviendas de alquiler en España, y el país acumula cerca de un millón de desahucios en veinte años. La mayoría ya no son por impago de hipoteca, sino por no poder pagar el alquiler.

Para quien llega de fuera, ese mercado es aún más duro: sin historial en España, sin nómina indefinida, sin avalista.

Qué hacer si te sube el alquiler o recibes una demanda

No firmes nada bajo presión. Una subida comunicada por burofax no es una sentencia. Tienes derecho a revisar el contrato y a asesorarte antes de responder.

Guarda todo por escrito. Recibos, transferencias, comunicaciones. En un procedimiento judicial, lo que no está documentado no existe.

Acude a los servicios públicos de vivienda de tu ayuntamiento. Muchos municipios tienen oficinas de intermediación hipotecaria y de alquiler, gratuitas.

Busca asesoría especializada. Los sindicatos de inquilinas y las plataformas de afectados por la hipoteca ofrecen acompañamiento sin coste, también a personas extranjeras.

No dejes de pagar por consejo de nadie. El impago cambia por completo tu posición jurídica y suele empeorarla.

Y algo que mucha gente desconoce: estos derechos no dependen de tu nacionalidad ni de tu situación administrativa. Un contrato de alquiler te ampara igual.

Hoy fue Maricarmen, con 87 años y 70 viviendo en el mismo piso. La pregunta que quedó flotando en la calle Sáinz de Baranda es qué pasa con quienes no tienen a cientos de vecinos en la puerta.